Archivo de la causa por supuesta agresión a Lasquety contra nuestro compañero J.

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El juez sobresee el procedimiento iniciado tras la detención (ilegal) de nuestro vecino y compañero J. y a raíz del (falso) atestado policial, restando manifiestamente credibilidad a los agentes.

Desde el ESLA Eko reproducimos y nos sumamos al comunicado que ha publicado la Asamblea Popular de Carabanchel, felicitamos por esta pequeña victoria a todas las personas que mostraron su apoyo y mandamos un fuerte abrazo a J., teniendo muy claro que continuará luchando de la manera que siempre ha hecho.

Seguirán reprimiendo y criminalizando con burdos montajes policiales pero seguiremos respondiendo con solidaridad y organización

Comunicado de la Asamblea Popular de Carabanchel:

¿En qué momento la palabra de un policía deja de ser sinónimo de verdad y comienza a
ponerse en entredicho? ¿En qué momento se pasa de un Estado de Derecho a un Estado
Kafkiano?

El auto del juez deja claro las contradicciones entre los testigos: la defensa declara lo que el vídeo demuestra, que a J. lo detienen antes de que pase el Consejero de Sanidad Lasquety, por lo que la declaración del denunciante no se sostiene. El juez lo declara así en el auto “habiéndose procedido el visionado de las imágenes en bruto que a requerimiento de este Juzgado remitió Televisión Española, de las que no resulta creíble la versión mantenida por los agentes denunciantes”. Ahora habrá tres días para que la fiscalía recurra . Así parece haber acabado lo que empezó el pasado 25 de marzo, con titulares en varios periódicos digitales que no sacarán esta otra noticia.

Los medios al servicio del poder

Europapress simplemente reprodujo, sin cotejar ni buscar otras fuentes, la nota de prensa que sacó la policía. En ella se anunciaba la detención de un “supuesto” agresor al consejero Lasquety, que habría agredido a su escolta para evitar dicha agresión. Al día siguiente se publicó que se liberaba con cargos al presunto agresor. En la noticia, en todo momento, se da por verídica la versión de la policía en el que hubo una agresión, favoreciendo la
criminalización de un activista sin tener en cuenta la presunción de inocencia.

Podemos argüir que la precariedad laboral en el mundo periodístico es tal que la mayoría de los periódicos reproducen los textos que facilitan las agencias sin más, de ahí que veamos muchas veces repetida la misma noticia en varias plataformas digitales. También se puede alegar que la competencia por ser el primero en sacar la noticia poco ayuda a dedicarle tiempo a una noticia que no acaparará portadas pero que tiene cierto tirón entre lectores siempre ávidos de contenidos con ciertas dosis de violencia. A día de hoy pocos lectores críticos no
verán todo ello como el gran defecto de la prensa nacional: información sesgada y al servicio del poder, medios que funcionan más de propaganda que de información veraz. Pocas informaciones en el que las protagonistas sean activistas por un cambio de sistema no salgan estigmatizadas de alguna manera, pocos programas que no pequen de sensacionalistas centrándose más en el entretenimiento que en el rigor.

La policía como brazo ejecutor

Las criminalizaciones la sufren las activistas desde siempre, tampoco se va a decir ahora que es un fenómeno nuevo, pero sí se puede decir que se ha intensificado. Parece normal que ante un aumento de la protesta civil, que molesta, se aumente de forma más o menos proporcional las maneras de evitarla. Un dato curioso: los presupuestos de los antidisturbios en Madrid han aumentado un 1700%. Junto con numerosas declaraciones de políticos que sitúan la desobediencia civil y la resistencia pasiva al mismo nivel que el terrorismo, favoreciendo dicho clima de criminalización, las técnicas más tradicionales de la policía se ponen en funcionamiento. Por un lado policía de paisano siendo violentos para reventarmanifestaciones; por otro, policías que terminan imputando delitos a la gente que pasaba por ahí. En este caso una pequeña concentración de activistas se ve oscurecida por esta acusación. Cabe preguntarse si era un intento de criminalización de un activista, de la Marea Blanca o simplemente un policía de paisano que perdió los nervios en un momento dado cometiendo un error. En este último caso, ¿por qué la policía funciona de una forma tan cerrada y corporativista que no es capaz de reconocer sus errores? Para que no queden en evidencia de la manera que están quedando últimamente se está procediendo ahora a la criminalización de los reporteros, fotógrafos y periodistas que acuden a las distintas concentraciones, manifestaciones o convocatorias. ¿Qué responsabilidad se puede pedir a la propia policía ante
falsas acusaciones de un delito que no se ha cometido incurriendo así en una detención ilegal?

Desde la Asamblea Popular de Carabanchel queremos felicitar al equipo de Legal Sol por este
nuevo éxito y mostrar todo nuestro apoyo al compañero J.

¡Sí se puede!